El Mensajero

Agosto de 2021

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

Cananea representa un referente emblemático en la historia del sindicalismo y del

movimiento obrero mundial. Los inicios y las causas sociales de la revolución de 1910,

incluyendo los principios fundamentales de la constitución de 1917, considerada la primera

constitución político-social del mundo, tuvieron su fuente embrionaria en la insurrección de

los trabajadores mineros contra el abuso extranjero y la injusticia salarial de esa época.

El espíritu de clase, los discursos de fuego y la dignidad sindical personificada en los líderes

principales Estaban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez y Lázaro Gutiérrez de Lara, se

escuchan nuevamente en las voces laceradas e impotentes de los viejos mineros convertidos

actualmente en victimas modernas defraudadas por sus propios representantes sindicales.

Los litigios continúan sin solución definitiva, mientras los ex trabajadores mineros siguen

muriendo sin obtener sus legítimos pagos ni la justicia demandada. Se están yendo de este

mundo no únicamente sin obtener justicia, sino ante todo, sin recibir la razón y la satisfacción

de disfrutar de una resolución judicial efectiva y oportuna. Han muerto 354.

Cananea es un ejemplo monumental de que cuando la justicia es diferida, se convierte en

justicia denegada, y sus consecuencias, impredecibles. Por eso Voltaire decía que “los pueblos

a quien no se hace justicia, se la toman por si mismos más tarde o más pronto”.

En 1989 se decretó la quiebra fraudulenta y la venta con fines privatizadores, sin justificación

financiera, legal ni productiva, de la Compañía Minera de Cananea, misma que en ese entonces

era una empresa pública propiedad del Estado Mexicano.

Los actores políticos de dicha trama fueron Carlos Salinas, Jorge Larrea (Grupo México),

Rodolfo Félix Valdés (Gobernador), Manlio Fabio Beltrones (Secretario de Gobierno)

Francisco Javier Tadeei (Alcalde) y el Ejercito Mexicano, quienes en un sorpresivo operativo

militar ejecutado la noche del 20 agosto sorprendieron a los trabajadores y se apropiaron de

las instalaciones de la empresa.

Así inicio la debacle de un sindicato y el caos completo de una comunidad en su conjunto.

Las consecuencias sindicales, sociales y económicas para los trabajadores y sus familias,

incluyendo la actividad comercial y financiera en el municipio, fueron desastrosas de tal

suerte que hasta la fecha, después de casi 32 años, la realidad es que Cananea no se ha

recuperado en ningún sentido, ni tampoco ha podido diversificar sus actividades productivas

ni su economía, vinculadas directa o indirectamente a la empresa minera de Grupo México.

Crisis, despidos masivos, desempleo, liquidaciones forzosas, contratación laboral selectiva,

cancelación de servicios médicos, apoyos sociales condicionados, cobros desproporcionados

de servicios públicos, precariedad económica generalizada, fallecimientos por enfermedades

crónicas, indiferencia e insensibilidad social de Grupo México, intransigencia de la empresa al

dialogo sindical conciliatorio, incumplimiento permanente de compromisos asumidos por

candidatos, funcionarios y gobernantes, complicidades empresa-nuevo sindicato y gobierno,

mismos que aunados a diversas actividades ilícitas y saldos negativos por la privatización de

la mina, como el narcomenudeo, robo, secuestro, extorsiones y violencia criminal de alto

impacto, son el resultado real y objetivo de lo que se vive en la tierra de los mártires de la

huelga de 1906 y en la cuna del sindicalismo y la primera revolución política del siglo XX.

Sin embargo, en el centro de gravedad de ese masacrado pueblo y en el descompuesto cuerpo

socioeconómico que Cananea representa, permanece sin resolverse el fraude minero más

obvio y cuantioso cometido en perjuicio de trabajadores sindicalizados en nuestro país, cuya

paradoja es que los autores intelectuales y materiales de dicho delito, así como los

beneficiarios de ésta gran truculencia, sean los propios dirigentes del sindicato nacional que

operaron bajo la férula del ahora senador Napoleón Gómez Urrutia.

Cuando Carlos Salinas de Gortari y el gobierno federal remataron el 27 de agosto de 1989 la

mina en 475 millones de dólares, no obstante el avaluó previo de Nafinsa por 2,000 millones,

se acordó la entrega del 5% del valor bursátil a los trabajadores de la Sección 65 de Cananea,

equivalente 23. 7 millones de dólares y posteriormente incrementado a 55 millones.

Tres días después, el 30 de agosto, el diablo metió la cola y de acuerdo con los documentos

analizados, se modificó el decreto de compra-venta de una manera muy sencilla y

aparentemente ingenua, pero con consecuencias fatídicas para los mineros cananenses.

Empresa y sindicato acordaron un addendum para que dicha cantidad fuera otorgada a la

totalidad de los trabajadores pertenecientes al sindicato minero nacional, misma que se

integró a un Fideicomiso administrado exclusivamente por el “líder” nacional del sindicato

Napoleón Gómez Urrutia, quien después de recibir el 2004 dicha cantidad, desapareció el

dinero y emigro a Canadá hasta que fue rescatado políticamente el 2018.

En ese contexto se afinaron las estrategias jurídicas de un litigio salvaje, aunque desigual, por

la disputa de los 55 millones de dólares, de cuyo resultado los ex trabajadores mineros de

Cananea han obtenido laudos y sentencias favorables desde 2013, incluyendo imputaciones

penales contra los operadores de Napoleón Gómez Urrutia, mismas que continúan sin

posibilidad de ejecución por motivos de amparos y nuevos recursos de impugnación como la

reciente resolución de un Tribunal Federal que ordena a la Junta de Conciliación y Arbitraje

modificaciones de forma, pero que no cambian el sentido condenatorio contra Gómez Urrutia

para la devolución de los 55 millones de dólares.

Napoleón Gómez Urrutia no debe únicamente a los ex mineros de Cananea y sus familias los

55 millones de dólares, ese es el pelo de un gato, sino también los intereses bancarios que

éstos han producido en 32 largos años a partir de que ingresaron a la tesorería del sindicato.

La reparación del daño implica la devolución completa del capital y los intereses, sin duda.

Bajo la lógica de la confusión, Gómez Urrutia celebró el fallo de dicho Tribunal como una

exoneración a su favor, obligando a la máxima autoridad laboral federal a aclarar los efectos

de dicha resolución, misma que dada la ruta de la dilación procesal diseñada por el ahora

senador de la república, tarde que temprano estaremos conociendo, lamentablemente, la

terminación de los juicios y los 25 expedientes por actos consumados de modo irreparable,

por insolvencia económica, imposibilidad de reparación del daño, inejecución de sentencia o

por la inexistencia material del dinero defraudado. Ese podrá ser el destino del fraude minero.

Otro acto de impunidad ó, como sentencio Winston Churchill, un “delito sin nombre”.

El fraude cometido por Gómez Urrutia y la afectación sistemática de Grupo México a Cananea,

deben considerarse, en razón de los daños personales y sociales ocasionados y el número de

victimas vivos y ex mineros fallecidos, una violación a derechos humanos colectivos, pero

también, equiparables a delitos de lesa humanidad para ser juzgados por genocidio, ante los

cuales no aplica, según criterios de la Corte Penal Internacional, Tribunal Internacional de

Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amnistía, indulto ni prescripción.

Salud.