
Cananea, ¿fraude ó genocidio minero?
2021-08-09
El Mensajero
Agosto de 2021
Por: Marco Antonio Andrade Aguirre
andrade.aguirre@hotmail.com
Cananea representa un referente emblemático en la historia del sindicalismo y del
movimiento obrero mundial. Los inicios y las causas sociales de la revolución de 1910,
incluyendo los principios fundamentales de la constitución de 1917, considerada la primera
constitución político-social del mundo, tuvieron su fuente embrionaria en la insurrección de
los trabajadores mineros contra el abuso extranjero y la injusticia salarial de esa época.
El espíritu de clase, los discursos de fuego y la dignidad sindical personificada en los líderes
principales Estaban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez y Lázaro Gutiérrez de Lara, se
escuchan nuevamente en las voces laceradas e impotentes de los viejos mineros convertidos
actualmente en victimas modernas defraudadas por sus propios representantes sindicales.
Los litigios continúan sin solución definitiva, mientras los ex trabajadores mineros siguen
muriendo sin obtener sus legítimos pagos ni la justicia demandada. Se están yendo de este
mundo no únicamente sin obtener justicia, sino ante todo, sin recibir la razón y la satisfacción
de disfrutar de una resolución judicial efectiva y oportuna. Han muerto 354.
Cananea es un ejemplo monumental de que cuando la justicia es diferida, se convierte en
justicia denegada, y sus consecuencias, impredecibles. Por eso Voltaire decía que “los pueblos
a quien no se hace justicia, se la toman por si mismos más tarde o más pronto”.
En 1989 se decretó la quiebra fraudulenta y la venta con fines privatizadores, sin justificación
financiera, legal ni productiva, de la Compañía Minera de Cananea, misma que en ese entonces
era una empresa pública propiedad del Estado Mexicano.
Los actores políticos de dicha trama fueron Carlos Salinas, Jorge Larrea (Grupo México),
Rodolfo Félix Valdés (Gobernador), Manlio Fabio Beltrones (Secretario de Gobierno)
Francisco Javier Tadeei (Alcalde) y el Ejercito Mexicano, quienes en un sorpresivo operativo
militar ejecutado la noche del 20 agosto sorprendieron a los trabajadores y se apropiaron de
las instalaciones de la empresa.
Así inicio la debacle de un sindicato y el caos completo de una comunidad en su conjunto.
Las consecuencias sindicales, sociales y económicas para los trabajadores y sus familias,
incluyendo la actividad comercial y financiera en el municipio, fueron desastrosas de tal
suerte que hasta la fecha, después de casi 32 años, la realidad es que Cananea no se ha
recuperado en ningún sentido, ni tampoco ha podido diversificar sus actividades productivas
ni su economía, vinculadas directa o indirectamente a la empresa minera de Grupo México.
Crisis, despidos masivos, desempleo, liquidaciones forzosas, contratación laboral selectiva,
cancelación de servicios médicos, apoyos sociales condicionados, cobros desproporcionados
de servicios públicos, precariedad económica generalizada, fallecimientos por enfermedades
crónicas, indiferencia e insensibilidad social de Grupo México, intransigencia de la empresa al
dialogo sindical conciliatorio, incumplimiento permanente de compromisos asumidos por
candidatos, funcionarios y gobernantes, complicidades empresa-nuevo sindicato y gobierno,
mismos que aunados a diversas actividades ilícitas y saldos negativos por la privatización de
la mina, como el narcomenudeo, robo, secuestro, extorsiones y violencia criminal de alto
impacto, son el resultado real y objetivo de lo que se vive en la tierra de los mártires de la
huelga de 1906 y en la cuna del sindicalismo y la primera revolución política del siglo XX.
Sin embargo, en el centro de gravedad de ese masacrado pueblo y en el descompuesto cuerpo
socioeconómico que Cananea representa, permanece sin resolverse el fraude minero más
obvio y cuantioso cometido en perjuicio de trabajadores sindicalizados en nuestro país, cuya
paradoja es que los autores intelectuales y materiales de dicho delito, así como los
beneficiarios de ésta gran truculencia, sean los propios dirigentes del sindicato nacional que
operaron bajo la férula del ahora senador Napoleón Gómez Urrutia.
Cuando Carlos Salinas de Gortari y el gobierno federal remataron el 27 de agosto de 1989 la
mina en 475 millones de dólares, no obstante el avaluó previo de Nafinsa por 2,000 millones,
se acordó la entrega del 5% del valor bursátil a los trabajadores de la Sección 65 de Cananea,
equivalente 23. 7 millones de dólares y posteriormente incrementado a 55 millones.
Tres días después, el 30 de agosto, el diablo metió la cola y de acuerdo con los documentos
analizados, se modificó el decreto de compra-venta de una manera muy sencilla y
aparentemente ingenua, pero con consecuencias fatídicas para los mineros cananenses.
Empresa y sindicato acordaron un addendum para que dicha cantidad fuera otorgada a la
totalidad de los trabajadores pertenecientes al sindicato minero nacional, misma que se
integró a un Fideicomiso administrado exclusivamente por el “líder” nacional del sindicato
Napoleón Gómez Urrutia, quien después de recibir el 2004 dicha cantidad, desapareció el
dinero y emigro a Canadá hasta que fue rescatado políticamente el 2018.
En ese contexto se afinaron las estrategias jurídicas de un litigio salvaje, aunque desigual, por
la disputa de los 55 millones de dólares, de cuyo resultado los ex trabajadores mineros de
Cananea han obtenido laudos y sentencias favorables desde 2013, incluyendo imputaciones
penales contra los operadores de Napoleón Gómez Urrutia, mismas que continúan sin
posibilidad de ejecución por motivos de amparos y nuevos recursos de impugnación como la
reciente resolución de un Tribunal Federal que ordena a la Junta de Conciliación y Arbitraje
modificaciones de forma, pero que no cambian el sentido condenatorio contra Gómez Urrutia
para la devolución de los 55 millones de dólares.
Napoleón Gómez Urrutia no debe únicamente a los ex mineros de Cananea y sus familias los
55 millones de dólares, ese es el pelo de un gato, sino también los intereses bancarios que
éstos han producido en 32 largos años a partir de que ingresaron a la tesorería del sindicato.
La reparación del daño implica la devolución completa del capital y los intereses, sin duda.
Bajo la lógica de la confusión, Gómez Urrutia celebró el fallo de dicho Tribunal como una
exoneración a su favor, obligando a la máxima autoridad laboral federal a aclarar los efectos
de dicha resolución, misma que dada la ruta de la dilación procesal diseñada por el ahora
senador de la república, tarde que temprano estaremos conociendo, lamentablemente, la
terminación de los juicios y los 25 expedientes por actos consumados de modo irreparable,
por insolvencia económica, imposibilidad de reparación del daño, inejecución de sentencia o
por la inexistencia material del dinero defraudado. Ese podrá ser el destino del fraude minero.
Otro acto de impunidad ó, como sentencio Winston Churchill, un “delito sin nombre”.
El fraude cometido por Gómez Urrutia y la afectación sistemática de Grupo México a Cananea,
deben considerarse, en razón de los daños personales y sociales ocasionados y el número de
victimas vivos y ex mineros fallecidos, una violación a derechos humanos colectivos, pero
también, equiparables a delitos de lesa humanidad para ser juzgados por genocidio, ante los
cuales no aplica, según criterios de la Corte Penal Internacional, Tribunal Internacional de
Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amnistía, indulto ni prescripción.
Salud.
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