"Posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas, que nos devuelva al estado de derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional con un acuerdo político", señaló Zelaya en un comunicado.

El mandatario depuesto estimó que "la convocatoria a elecciones generales ordinarias en un Estado de facto, sin que previamente se haya restaurado la democracia e instalado el gobierno de unidad y reconciliación, es una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo".

El planteamiento se produce horas después de que el mismo Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil desde hace casi dos meses, anunció que impugnaría el proceso legalmente.

Mientras tanto, en Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, dijo que la constitución de un gobierno de unidad nacional es clave para salir de la crisis política en Honduras, y criticó a ambas partes por no haber cumplido con ello.

"La formación de este gobierno de unidad nacional es importante, porque parte de todo este proceso tiene que ver con la reconciliación", declaró Kelly ante la prensa.

El Acuerdo de San José/Tegucigalpa, que se firmó bajo el auspicio de la diplomacia norteamericana, establecía el 5 de noviembre como fecha límite para el establecimiento del nuevo gobierno de reconciliación.

Por otra parte, Kelly dijo que Estados Unidos está "preocupado por la situación de los derechos humanos" en Honduras, donde se ha informado de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y restricciones a la libertad de expresión.

Por su lado, el presidente de facto hondureño, Roberto Micheletti, llamó este jueves a Zelaya a evitar un derramamiento de sangre en el marco del proceso electoral, que el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado se ha propuesto boicotear por considerarlo ilegítimo.

"Le pido de todo corazón (a Zelaya) tratar de evitar que se derrame una gota de sangre", dijo Micheletti tras inaugurar un edificio del Poder Judicial.

Las Fuerzas Armadas, con unos 12.000 activos y 5.000 reservistas, más la policía, con 14.000 elementos, se declararon listos para enfrentar el boicot a las elecciones anunciado por los partidarios de Zelaya.

Con la coordinación del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, quien dirigió el derrocamiento de Zelaya, las Fuerzas Armadas llevan a cabo entrenamientos para prevenir disturbios en los cantones electorales.

El Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas pidió a cada alcalde que identifique a los líderes del Frente en cada municipio para tratar de neutralizarlos, según medios locales.

Mientras tanto, el fiscal general, Luis Rubí, llamó "a alrededor de 530 fiscales a nivel nacional para que estén vigilantes de los delitos electorales, a fin de que se cumpla realmente lo que la ley electoral establece".

En un comunicado, la coordinadora del Frente de Resistencia llamó a una "contracampaña" electoral y "a todos los candidatos a los diferentes cargos de elección popular identificados con el pueblo en resistencia a retirarse del proceso electoral golpista".